
La Mejora Regulatoria tiene como objetivo promover la transparencia en la elaboración y la aplicación de regulaciones y procedimientos que rigen en su accionar; previendo que éstas generen beneficios superiores a sus costos, tanto para la administración como para el administrado.
El proceso de Mejora Regulatoria, es liderado por la Dirección de Mejora Regulatoria instaurada en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y se rige por la Ley 8220 de Simplificación de Trámites que es aplicable a toda la Administración Pública, central y descentralizada, incluso instituciones autónomas y semiautónomas, órganos con personalidad jurídica instrumental, entes públicos no estatales, municipalidades y empresas públicas. Se exceptúan de su aplicación los trámites y procedimientos en materia de defensa del Estado y seguridad nacional.
En el caso de la nuestra Oficina, se puede consultar a continuación el plan o planes de mejora regulatoria, según corresponda el año:
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16/02/2018
La Contraloría General de la República (CGR) aplica desde el año 2010 las herramientas para el cálculo del Índice de Gestión Institucional (IGI), con el apoyo de las instituciones participantes. Ello ha permitido generar resultados de interés para diferentes grupos en el ámbito costarricense, y principalmente para las propias instituciones, las cuales han identificado con base en el IGI, oportunidades de mejora en su gestión.
Para realizar esta actividad cada institución nombra a un enlace para constituir el vínculo entre su institución y el equipo de la CGR encargado del proyecto del IGI. En tal condición, al enlace le corresponderá establecer los contactos a lo interno para obtener las respuestas a cada una de las interrogantes del IGI, así como los documentos físicos o digitales que respalden tales respuestas, y asegurar que la remisión del cuestionario y de la certificación al Órgano Contralor, se efectúe en plazo. El enlace deberá reunir la documentación de respaldo de las preguntas en un expediente físico, digital o mixto que deberá organizarse de modo que facilite su consulta. Ese expediente deberá permanecer en las instituciones (La CGR no requiere su envío) y estar disponible para consulta por los equipos de fiscalización que, eventualmente, podrían acudir a verificar las respuestas del cuestionario durante los meses de febrero y marzo.